El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la tarde de este jueves la Ley 18-24, que a partir de ahora regulará el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. La Presidencia informó que esta norma moderniza los procedimientos de la institución, mejora las herramientas para el cumplimiento de sus fines y fortalece el régimen de las infracciones administrativas.
La iniciativa de esta nueva ley surgió en el Senado de la República y fue observada a principios de mayo por el presidente Abinader, conforme a sus atribuciones constitucionales. Las observaciones del mandatario, que fueron posteriormente aprobadas por la Cámara de Diputados, destacaron la necesidad de fortalecer la funcionalidad efectiva del órgano. Estas modificaciones impactan en las atribuciones del Pleno de la Cámara de Cuentas, el trámite de sus sesiones, las atribuciones de sus directivos, y los principios y normas de la carrera administrativa especial.
El presidente Abinader reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción en todas sus formas, fortaleciendo el régimen de sanciones administrativas con la nueva ley. “En el proceso de reforma integral en que se encuentra inmerso el sistema de control y fiscalización del Estado dominicano, impera la necesidad de que la Cámara de Cuentas sea actualizada conforme a las disposiciones de la Constitución y a la exigencia de los nuevos tiempos, en procura de garantizar una gestión pública apegada a la ética, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia", afirmó el documento de la Presidencia.
Aspectos Destacados de la Ley 18-24
La Ley 18-24 esclarece detalladamente su ámbito de aplicación, crea el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, y aborda la composición, autonomía, naturaleza, jurisdicción y atribuciones de la Cámara de Cuentas. Regula el funcionamiento de sus órganos, establece las competencias, atribuciones y obligaciones de sus directivos, define los parámetros de organización administrativa, y especifica el rol de la Cámara de Cuentas en el Sistema Nacional de Control y Fiscalización y los procesos de auditorías.
Esta reforma integral busca garantizar una gestión pública más transparente y eficiente, reforzando los mecanismos de control fiscal y administrativo del Estado dominicano. La promulgación de esta ley representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la administración pública en el país.
