Denuncian violaciones a la ley en construcciones turísticas en zonas costeras de República Dominicana
Santo Domingo. – La construcción de infraestructuras turísticas dentro de los 60 metros de franja marina y costera continúa violando de forma sistemática la Ley 305-68, alertaron la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), generando un impacto ambiental grave e irreversible en ecosistemas vitales para la protección de playas y costas.
Luis “Cucho” Carvajal, reconocido ambientalista y miembro de estas entidades, denunció que estas edificaciones ilegales no solo contribuyen a la erosión costera y al deterioro del litoral, sino que también aumentan la vulnerabilidad del país frente a fenómenos climáticos extremos. “La construcción indiscriminada nos deja indefensos. Los residuos van directamente al mar, afectando la flora y fauna marina”, declaró Carvajal al medio digital Panorama.
Un marco legal ignorado
La Ley 305-68 establece claramente que la franja de 60 metros desde la línea de pleamar es de uso público y no puede ser ocupada sin una autorización específica del Poder Ejecutivo, que solo puede otorgarse bajo condiciones muy especiales: razones de seguridad nacional, desarrollo turístico con estudios ambientales y de suelos aprobados, o situaciones de emergencia temporal.
Sin embargo, según Carvajal, la violación a esta normativa se ha convertido en una constante. “Existen múltiples construcciones irregulares a lo largo de la costa dominicana, muchas de ellas con permisos otorgados por distintos ministerios, lo que refleja una peligrosa falta de coordinación y una rivalidad institucional que impide aplicar la ley de forma efectiva”.
El ambientalista también advirtió que estas obras ponen en riesgo inmediato ecosistemas sensibles como los manglares, dunas costeras y albuferas, cuya alteración compromete no solo el equilibrio ambiental, sino también la sostenibilidad del turismo, principal motor económico del país.
Un problema de larga data
La problemática no es reciente. Panorama recuerda que las irregularidades comenzaron en el segundo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuando se emitió el Reglamento 2115 sobre normas para establecimientos hoteleros, publicado el 16 de julio de 1984 bajo la administración del entonces presidente Salvador Jorge Blanco.
Desde entonces, gobiernos de todos los partidos han mantenido vigentes normas que contradicen la legislación actual. Un informe diagnóstico sobre el marco legal turístico y ambiental del país, realizado en 2017 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recomendó revisar dicho reglamento para adaptarlo a un enfoque sostenible que respete la integridad ambiental del litoral.
Llamado a la acción
La Academia de Ciencias y la UASD hacen un llamado urgente a las autoridades para frenar estas prácticas ilegales y establecer una política de desarrollo turístico que armonice con la protección del medio ambiente costero. “El respeto a la franja de los 60 metros no es una opción, es una obligación legal y moral si queremos conservar nuestras playas y la biodiversidad que ellas albergan”, concluyó Carvajal.
