NUEVA YORK.– Un juez federal del estado de Nueva York emitió este lunes un contundente fallo que impide al gobierno del expresidente Donald Trump poner fin de manera anticipada al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ampara legalmente a más de 500,000 ciudadanos haitianos en Estados Unidos.
La decisión, emitida por el juez Brian M. Cogan del Tribunal de Distrito, establece que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar el TPS a partir del 2 de septiembre viola los requisitos legales del programa, que exigen un período de notificación determinado antes de modificar la designación. La sentencia subraya que quienes han recibido este beneficio tienen derecho a esperar que se cumpla el plazo vigente, en este caso hasta el 3 de febrero de 2026, como había determinado el gobierno del presidente Joe Biden.
El TPS para Haití fue otorgado originalmente tras el devastador terremoto de 2010, y desde entonces ha sido renovado en múltiples ocasiones, incluyendo la ampliación más reciente por parte de la administración Biden. La extensión fue justificada por las persistentes condiciones de inseguridad, violencia extrema por parte de pandillas, crisis política e inestabilidad económica que afectan a millones de haitianos.
La medida judicial responde a una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 32BJ, cuyo presidente, Manny Pastreich, calificó el fallo como “un paso importante”, aunque advirtió que la lucha continúa. “Seguiremos luchando por los derechos de nuestros miembros y de todos los inmigrantes contra el gobierno de Trump, en las calles, en el lugar de trabajo y también en los tribunales”, afirmó.
El gobierno de Trump ha defendido su postura asegurando que el TPS es un beneficio temporal, y que su revocación es una posibilidad que los beneficiarios deben tener en cuenta. Sin embargo, el juez Cogan rechazó este argumento, señalando que muchos de los haitianos acogidos al programa han establecido sus vidas en EE.UU., con trabajos, estudios y tratamientos médicos, bajo la expectativa de que la protección se mantendría hasta la fecha estipulada.
La sentencia se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria promovida por Trump, quien ha prometido deportaciones masivas en caso de regresar a la presidencia. Este fallo representa un revés significativo a esa agenda y marca un precedente clave en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
