Santo Domingo.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó este miércoles la detención del autodenominado “detective” Ángel Martínez, tras un altercado con el juez Raymundo Mejía en plena audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Martínez, quien enfrenta una acusación por difamación e injuria presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, fue arrestado por mostrar una conducta irrespetuosa y desafiante durante la audiencia, la cual buscaba determinar si existían méritos para enviarlo a juicio de fondo.
Según explicó el abogado de Raful, Miguel Valerio, el juez también impuso una multa al abogado de la defensa, Rafael Percival Peña, equivalente a la mitad del salario de un juez —más de 100,000 pesos—, tras considerar que ambos incurrieron en una “litigación temeraria”.
“El señor Martínez fue en una actitud a ‘comerse’ al juez, hablándole de forma grosera, como si estuviera por encima de la ley. El tribunal actuó en consecuencia”, declaró Valerio a la prensa.
Martínez fue trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, donde permanecerá hasta el 29 de julio, fecha fijada para una nueva audiencia sobre la medida de coerción en su contra.
Martínez alega persecución política
Al ser conducido por agentes de seguridad, Martínez calificó su detención como un “abuso de poder político” y arremetió contra el gobierno. “Este gobierno es un opresor. Faride Raful dijo que había que meterme preso. Ni Trujillo hizo esto. ¡Qué barbaridad!”, exclamó.
El acusado, conocido por sus publicaciones polémicas en redes sociales, ha enfrentado múltiples querellas por difamación, algunas de las cuales han sido retiradas tras sus disculpas públicas. Además del caso de Raful, también pesa sobre él una demanda similar interpuesta por la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
Faride Raful exige una indemnización de 50 millones de pesos por los presuntos daños morales y perjuicios ocasionados por las declaraciones públicas de Martínez, que ella considera falsas y ofensivas.
El proceso continúa en medio de un clima tenso y con una alta exposición mediática, mientras el tribunal evalúa los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal en el ejercicio de la opinión pública.
