En una intervención cargada de documentos, fechas y acusaciones, el periodista Pedro Jiménez desmontó las declaraciones del exministro de Educación Ángel Hernández, a quien responsabiliza de graves anomalías en la Dirección de Infraestructura Escolar durante su gestión.
Jiménez recordó que los hallazgos sobre pagos irregulares y sobrevaluaciones en obras escolares no surgieron por iniciativa de Hernández, como éste ha querido sostener, sino a partir de una investigación iniciada en junio de 2024 por el ingeniero Fernando Taveras y su equipo. Según los documentos presentados, esa pesquisa antecede la comunicación enviada por el exministro en diciembre al Ministerio Público, lo que, a juicio del comunicador, demuestra que Hernández actuó tarde y con el interés de encubrirse.
El periodista fue enfático al afirmar que bajo la administración de Hernández se realizaron pagos indebidos por millones de pesos, algunos de ellos a centros educativos que no requerían reparaciones, y que estas asignaciones se dirigieron estratégicamente a legisladores y dirigentes del PRM, especialmente en el período previo a las elecciones nacionales. Además, denunció que el exministro habría utilizado mecanismos paralelos, como transferencias a distritos escolares y convenios con el PNUD, para evadir los controles de la Ley de Compras y Contrataciones.
Más grave aún, Jiménez apuntó que en diciembre de 2023 el Ministerio de Educación entregó 13,000 millones de pesos a directores distritales para supuestas reparaciones de escuelas, fondos que, según denunció, terminaron vinculados a la campaña de reelección presidencial. Ni las autoridades educativas actuales ni el propio gobierno han querido aclarar públicamente el destino de esos recursos.
El enfrentamiento entre Jiménez y Hernández pone en evidencia un patrón inquietante: la utilización del sistema educativo, uno de los pilares más sensibles para el desarrollo nacional, como botín político y escenario de corrupción. Mientras se acumulan denuncias y documentos, el silencio oficial solo alimenta la percepción de impunidad.
La pregunta que lanzó Jiménez resuena con fuerza en la opinión pública: ¿Quién le miente al país, el periodista que exhibe pruebas o el exministro que pretende desmarcarse de un escándalo que estremece la educación dominicana?
