El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim Albainy, y otros implicados en un presunto entramado de corrupción que habría desfalcado a esa entidad por más de 15 mil millones de pesos, en perjuicio de millones de dominicanos, especialmente de los sectores más vulnerables.
La solicitud fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, quien afirmó que la prisión preventiva es la medida más adecuada ante la gravedad de los hechos imputados. “Ahora deben pagar por sus atrocidades; a estas personas les estamos solicitando prisión preventiva”, declaró Camacho la madrugada de este sábado.
El órgano acusador concluyó la lectura de la solicitud de medidas de coerción en el marco de la Operación Cobra, mediante la cual se persigue a una red que se habría beneficiado ilícitamente de la Administradora de Riesgos de Salud, entidad que Camacho definió como “perteneciente a todos los dominicanos”.
Ministerio Público señala a Hazim como líder del entramado
Camacho recordó que la estructura que habría cometido el fraude millonario en SeNaSa estuvo presuntamente liderada por Santiago Hazim, quien fungía como director de la institución al momento de los hechos investigados.
El equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán, Alexis Piña, Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez.
Audiencia fijada para este domingo
Pasada la 1:00 de la madrugada, el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que se dará a conocer la decisión sobre las medidas de coerción solicitadas.
Durante el proceso, tres de los imputados admitieron los hechos, informó Camacho, por lo que el Ministerio Público varió la solicitud de prisión preventiva para ellos, solicitando en su lugar impedimento de salida del país, presentación periódica y la colocación de un localizador electrónico.
Para los otros siete acusados, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de víctimas y al impacto del presunto fraude en una ARS que brinda cobertura a más de siete millones de dominicanos.
