Teherán, 17 de enero. La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que existen “cada vez más pruebas de masacres” en distintas regiones de la República Islámica de Irán y pidió a los Estados miembros de las Naciones Unidas convocar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para analizar la gravedad de la situación. Según la ONG, las acciones de las fuerzas de seguridad iraníes contra la población civil no tienen precedentes recientes y reflejan un patrón sistemático de violencia estatal.
HRW sostiene que, tras la escalada de protestas a nivel nacional iniciada el pasado 8 de enero, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo matanzas masivas de manifestantes. La organización subraya la urgencia de colocar los derechos humanos y la rendición de cuentas en el centro de la respuesta internacional, señalando que miles de personas —entre manifestantes y transeúntes— habrían muerto, mientras que las restricciones gubernamentales a las comunicaciones dificultan conocer la verdadera magnitud de los hechos. Evidencias audiovisuales revisadas por la ONG muestran que muchas víctimas recibieron disparos en la cabeza y el torso.
En paralelo, el Gobierno iraní ha repudiado la declaración de los ministros de Exteriores del G7, quienes advirtieron sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones si continúa la represión de las protestas. Las autoridades iraníes calificaron el pronunciamiento como “intervencionista” y rechazaron las acusaciones, alegando que las manifestaciones pacíficas derivaron en violencia por la acción de grupos que califican como terroristas. Teherán insiste en que su prioridad es proteger los derechos fundamentales de su población, incluido el derecho a la protesta pacífica, y defiende su soberanía frente a lo que considera injerencias externas, mientras el pulso diplomático y humanitario continúa escalando en el escenario internacional.
