Estados Unidos anunció que, a partir del 21 de enero, suspenderá de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una nueva política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La medida busca limitar la llegada de personas que, según el Gobierno estadounidense, podrían depender de ayudas sociales o representar una carga económica para el Estado. La decisión ha generado preocupación en amplias regiones del mundo, especialmente en América Latina, el Caribe y África.
La suspensión afecta principalmente a las visas de inmigrante que permiten residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. No obstante, las autoridades aclararon que la medida no se aplicará a visas de turista ni de estudiante, por lo que viajes temporales, intercambios académicos y eventos internacionales como la Copa del Mundo de 2026 no se verán impactados. El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, indicó que esta pausa permanecerá vigente hasta que se garantice que los nuevos inmigrantes no dependerán de recursos públicos estadounidenses.
Entre los países afectados figuran varias naciones de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de numerosos Estados de África, Asia, Medio Oriente y Europa del Este. Según explicó el Departamento de Estado en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la decisión se basa en el criterio de “carga pública”, una normativa que permite negar visas a personas que podrían depender principalmente de ayudas gubernamentales. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó la medida afirmando que la administración “siempre pondrá a Estados Unidos primero”.
La política se sustenta en la normativa conocida como Public Charge Ground of Inadmissibility, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional en 2022, la cual amplió los criterios para evaluar la admisibilidad de los solicitantes de visas. Entre los factores considerados se incluyen la edad, salud, situación familiar, solvencia económica, nivel educativo, habilidades laborales y dominio del idioma inglés. Bajo este esquema, los funcionarios consulares tienen mayor discrecionalidad para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública en el futuro, marcando un nuevo endurecimiento en la política migratoria estadounidense.
