SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional impuso como medida de coerción la presentación periódica a Alicia Anabel Santos Díaz, acusada por el Ministerio Público de incurrir en el delito de ultraje al Himno Nacional.
La jueza Katherine Rubio Matos ordenó que la imputada comparezca cada dos meses ante el fiscal investigador y otorgó un plazo de seis meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar el acto conclusivo correspondiente.
Durante la audiencia, el órgano acusador, representado por los fiscales Rafael Reyes, María Miguelina Palma y Emmanuel Ramírez, había solicitado la imposición de una garantía económica de un millón de pesos, además de la presentación periódica y el impedimento de salida del país.
El arresto de Santos Díaz, de 54 años, se produjo en virtud de la Orden Judicial número 2025-AJ0051862, emitida el 7 de agosto de 2025 por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
De acuerdo con la investigación, Santos Díaz, residente en Estados Unidos, está imputada junto a Yoseli Castillo Fuertes por su presunta participación en la organización de una actividad cultural en la que se alteró la letra del Himno Nacional.
Según el expediente, ambas promovieron la circulación de un texto y organizaron un evento en el que se invitó al público a ponerse de pie y entonar el Himno Nacional utilizando la música oficial, pero con letras modificadas, hechos que fueron difundidos posteriormente a través de redes sociales.
El Ministerio Público fundamenta la acusación en los artículos 37, 39 y 49 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana. Además de la evidencia audiovisual, el caso se sustenta en denuncias formales presentadas por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Instituto Duartiano y otras organizaciones, que solicitaron la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación vigente.
