Un seguro de vida y accidentes contratado por el Ministerio de Educación (MINERD) con Seguros Reservas se encuentra en el centro de cuestionamientos debido a la falta de información pública sobre su funcionamiento, alcance y resultados. De acuerdo con lo expuesto en el reportaje de CDN, no existen estadísticas oficiales divulgadas que sustenten su finalidad ni constancia de que los principales beneficiarios —padres, estudiantes y centros educativos— conozcan la existencia y los procedimientos de esta póliza, pese a que para su adquisición se habrían destinado miles de millones de pesos.
La póliza colectiva de accidentes personales de estudiantes, suscrita desde 2022 y con la empresa Segurnet como intermediaria, establece coberturas por muerte accidental, desmembramiento, invalidez total y permanente, gastos médicos y últimos gastos funerarios. Según el documento, la indemnización por muerte accidental asciende a 150,000 pesos, monto que también funciona como límite combinado junto a desmembramiento y gastos médicos, mientras que los gastos funerarios alcanzan hasta 25,000 pesos.
El seguro contempla cobertura para todas las tandas escolares, incluyendo tanda extendida y nocturna, así como incidentes ocurridos dentro del recinto educativo, en el trayecto hacia y desde la escuela y durante excursiones, campamentos, proyectos estudiantiles y otras actividades oficiales. También se extiende a accidentes en motocicletas bajo condiciones específicas, así como a riñas, motines e intoxicaciones accidentales dentro del plantel escolar, incluyendo las relacionadas con el desayuno y almuerzo escolar.
Sin embargo, una de las principales críticas señaladas es el desconocimiento generalizado sobre la existencia del seguro. Padres y docentes afirman que, ante accidentes cotidianos, los estudiantes son atendidos como casos rutinarios en clínicas u hospitales, sin que se active ninguna cobertura, lo que genera dudas sobre la efectividad real del contrato y el destino de los recursos invertidos.
El reportaje también expone aparentes contradicciones en la póliza, como la cobertura de 24 horas frente a limitaciones específicas en determinados escenarios, además de cuestionamientos sobre el rango de edad asegurado, que va desde los 4 hasta los 35 años, con permanencia hasta los 40, sin que se explique claramente el criterio para incluir adultos que podrían contar con otros seguros.
Ante las críticas, el Ministerio de Educación informó que el contrato se encuentra en un proceso de revisión exhaustiva, solicitando una prórroga de 60 días sin costo para evaluar su alcance, aplicación y resultados, y analizar posibles mejoras. No obstante, al momento del reportaje, seguían sin publicarse datos oficiales sobre estudiantes beneficiados, montos invertidos por año ni cantidad de reclamaciones pagadas.
La falta de licitación, la ausencia de información clara y la limitada difusión han alimentado las sospechas de que el seguro pudo haberse estructurado más como un negocio que como una respuesta efectiva a una necesidad real del sistema educativo, reclamo que ha llevado a diversos sectores a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas sobre este contrato.
