La relación entre Estados Unidos y Cuba atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996. La acusación, anunciada en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche, incluye delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en un caso que dejó cuatro fallecidos.
Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó con dureza y calificó la medida como una “acción política” destinada a justificar una posible agresión militar contra la isla. El mandatario aseguró que Cuba actuó en legítima defensa y defendió la figura de Raúl Castro, a quien describió como un líder respetado dentro y fuera del país. Díaz-Canel también acusó a Washington de manipular los hechos ocurridos en 1996 y de ignorar advertencias previas sobre las supuestas violaciones del espacio aéreo cubano por parte de la organización Hermanos al Rescate.
La imputación contra Castro, de 94 años, representa un hecho sin precedentes en las relaciones bilaterales, ya que es la primera vez en décadas que un alto dirigente de la Revolución Cubana enfrenta cargos formales en tribunales estadounidenses. Analistas consideran que la decisión forma parte del endurecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba, en medio de una profunda crisis económica y energética que afecta a la isla. Mientras sectores del exilio cubano celebran la medida como un acto de justicia histórica, el gobierno cubano la interpreta como un intento de aumentar la presión política y diplomática sobre el país caribeño.
