SANTO DOMINGO. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó este martes al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de impulsar leyes especiales que, según afirmó, flexibilizan los controles y mecanismos de fiscalización en la contratación de grandes proyectos de infraestructura en el país.
Durante una rueda de prensa, el secretario de Obras Públicas de la organización política, Mariano Germán, denunció que actualmente opera en República Dominicana un “régimen paralelo de contratación” que desplaza los procesos ordinarios establecidos por la legislación nacional en materia de transparencia y control del gasto público. A su juicio, el Gobierno ha convertido “la excepción en regla” dentro del sistema de contrataciones estatales.
El dirigente opositor sostuvo que mientras las autoridades promueven una nueva Ley de Contrataciones Públicas con mayores exigencias institucionales, controles electrónicos y procesos administrativos más rigurosos, paralelamente impulsan normativas transitorias y especiales que reducen esos mismos controles cuando se trata de obras millonarias.
Germán recordó que el país construyó durante años un sistema de contrataciones basado en principios de transparencia, publicidad, competencia y eficiencia administrativa, mecanismos que —según explicó— fortalecieron la supervisión de las inversiones públicas y garantizaron mayores niveles de control en el uso de los recursos del Estado.
No obstante, aseguró que en los últimos años comenzaron a implementarse mecanismos excepcionales para ejecutar proyectos de gran magnitud fuera del esquema ordinario de fiscalización. Indicó que estas leyes especiales surgieron inicialmente con el objetivo de destrabar obras paralizadas debido a situaciones derivadas de la pandemia y al aumento de costos en proyectos previamente adjudicados.
La Fuerza del Pueblo advirtió que este modelo podría debilitar la institucionalidad y abrir espacio a procesos menos transparentes en la ejecución de obras públicas, por lo que llamó a fortalecer los mecanismos legales existentes y garantizar igualdad de condiciones en todas las contrataciones del Estado.
