El secretario de Urbanismo y Vivienda de la Fuerza del Pueblo, Pedro Pablo Díaz, criticó este miércoles la implementación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que su esquema de cobro podría generar cargas desproporcionadas para pequeños negocios y organizaciones comunitarias. Aunque reconoció la grave crisis de desechos que enfrenta el país —que produce cerca de 14 mil toneladas diarias y mantiene el vertedero de Duquesa al límite de su vida útil—, Díaz advirtió que la actual legislación basa las contribuciones en los ingresos de las empresas y no en el volumen real de residuos generados.
Este mecanismo, según el dirigente opositor, afectaría principalmente a panaderías, colmados, microempresas y fundaciones, que verían comprometidas sus operaciones por una carga financiera desproporcionada, mientras las grandes empresas, con mayores recursos, sortearían con mayor facilidad el impacto económico. Por ello, Díaz calificó el modelo como "un impuesto regresivo disfrazado de noble causa" y desmintió que la oposición defienda el desorden: "Defendemos que el orden se haga bien", enfatizó.
Ante esta situación, el dirigente hizo un llamado a revisar la legislación para lograr una distribución más equitativa de las cargas en la gestión de residuos, subrayando que se trata de un asunto demasiado serio como para convertirlo en negocio de unos pocos o en bandera partidaria. La propuesta busca garantizar que el manejo de los desechos se realice de manera justa y sostenible, protegiendo tanto a los pequeños comercios como el derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno limpio y saludable.
