El jurista y diplomático respalda que la cúpula judicial pueda ser liderada por profesionales externos a la carrera judicial, citando el precedente de Jorge Subero Isa.
SANTO DOMINGO. El jurista y exministro de Relaciones Exteriores Olivo Rodríguez Huertas defendió este domingo la prerrogativa del presidente Luis Abinader y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para seleccionar un presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ) sin que necesariamente tenga que ser un juez de carrera.
Rodríguez Huertas sostuvo que, aunque en la SCJ existen magistrados con las calificaciones adecuadas, el país también cuenta con juristas externos con plena competencia para dirigir el órgano judicial. "Sería injusto imponerle al presidente Abinader restricciones que no se les aplicaron a sus predecesores", expresó.
El precedente de Subero Isa
El exdiplomático recordó la gestión del magistrado Jorge Subero Isa, quien sin ser un magistrado de carrera, condujo la SCJ por más de una década tras el relanzamiento del tribunal en 1997, llevando a cabo reformas significativas.
Subrayó que la ley establece que el 75% de los jueces de la Suprema Corte debe provenir de la carrera judicial, mientras que el 25% restante puede ser seleccionado del Ministerio Público, órganos extrapoder o juristas destacados de otros ámbitos.
Langa, candidato idóneo
Rodríguez Huertas destacó al doctor Fernando Langa como un candidato óptimo para presidir la SCJ y el CPJ, resaltando su experiencia en el ejercicio del derecho, su vocación académica y su papel en la Iglesia Católica.
Comparó las capacidades organizativas de Langa con las del actual presidente de la SCJ, magistrado Luis Henry Molina.
Sobre el nuevo Código Penal
En cuanto al nuevo Código Penal dominicano, el jurista indicó que, aunque conserva una fuerte influencia de la tradición jurídica francesa, la comunidad jurídica del país está preparada para implementarlo sin traumas.
Citó el exitoso proceso de adopción del Código Procesal Penal como evidencia de que cambios legales de gran calado pueden ser implementados de manera efectiva en la República Dominicana.
