OMS desafía orden de Trump que reduce vacunas infantiles



GINEBRA. — La Organización Mundial de la Salud (OMS) salió este martes en defensa de los calendarios de vacunación infantil, apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las vacunas recomendadas para los niños en el país. La medida, rubricada el 10 de agosto de 2026, no prohíbe ninguna vacuna, pero recalifica varias de ellas —entre ellas la hepatitis A y B, el rotavirus, la gripe y la COVID-19— como decisiones de "elección clínica compartida", trasladando la responsabilidad de la vacunación a los padres y a los médicos. El portavoz de la OMS, Tarik Jašarević, subrayó que las pautas actuales se sustentan en "más de 60 años de investigación" y en comités técnicos independientes que no dependen de los gobiernos.

La OMS insistió en que las decisiones sobre vacunación deben basarse exclusivamente en la evidencia más reciente y no estar condicionadas por decisiones políticas. El organismo recordó que los calendarios nacionales se establecen mediante comités multidisciplinarios de expertos técnicos, guiados por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE), y que el momento de aplicación de cada dosis responde a años de estudio sobre la maduración del sistema inmunológico y las etapas de mayor riesgo de infección en la infancia. En este sentido, señaló que los bebés menores de seis meses siguen siendo especialmente vulnerables al sarampión, al no estar incluidos en el calendario recomendado en Estados Unidos.

Trump defendió su decisión argumentando que alinea al país con otras naciones desarrolladas que recomiendan menos dosis y otorga a los padres más información y opciones. Sin embargo, los expertos en salud pública cuestionan esta comparación, apuntando que los calendarios de otros países se ajustan a realidades epidemiológicas y sistemas sanitarios distintos. Las asociaciones médicas, los expertos en vacunas y las farmacéuticas rechazaron mayoritariamente la orden, denunciando la ausencia de nueva evidencia científica que justifique estos cambios y advirtiendo de sus potenciales consecuencias para la salud pública.