SANTO DOMINGO.– El Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, cuestionó las muertes de presuntos delincuentes ocurridas durante supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional y advirtió que la muerte de una persona no puede convertirse en sustituto de una condena judicial. Ulloa sostuvo que cada caso debe seguir el debido proceso establecido por el Estado de derecho, mediante investigaciones policiales, acusaciones del Ministerio Público y decisiones de los tribunales sobre la responsabilidad penal.
El funcionario planteó que la lucha contra la delincuencia debe sustentarse en inteligencia e investigaciones capaces de identificar y desarticular estructuras criminales, así como en la construcción de expedientes sólidos que permitan llevar los casos ante la Justicia. En ese contexto, cuestionó que la actuación policial pueda reducirse al uso de la fuerza letal y afirmó: “Tenemos que entender que la Policía no es solamente matar y tirar”. Su posición se centra en la necesidad de que las actuaciones policiales se desarrollen dentro de los principios establecidos por la legislación dominicana.
La posición de Ulloa no es nueva. En octubre de 2024, solicitó a la Policía Nacional información sobre las personas fallecidas durante supuestos intercambios de disparos y expresó preocupación por el número de muertes registradas en ese tipo de actuaciones. En esa ocasión señaló que más de 54 ciudadanos habían muerto en enfrentamientos con agentes durante ese año y planteó interrogantes sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza letal. Asimismo, recordó que la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece la proporcionalidad como principio de actuación y dispone que el uso de la fuerza debe ser la última opción, sujeto a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. El Defensor del Pueblo también había solicitado información sobre investigaciones internas por posible uso excesivo de la fuerza y sobre los casos en que agentes policiales fueron sometidos a la Justicia.
