
Nueva York. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concluyó un mes de operativos en la ciudad de Nueva York con el arresto de 2,197 inmigrantes, muchos de ellos con antecedentes penales graves, en una acción bautizada como "Operation Rotten Apple" (Operación Manzana Podrida). Entre los detenidos figuran personas provenientes de la República Dominicana y otras nacionalidades con condenas previas por asesinato, violación, secuestro y tráfico de drogas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, destacó casos de alto perfil como el de un ucraniano condenado por secuestro y asesinato, y un colombiano acusado de conducta sexual contra un menor, defendiendo la operación como una medida necesaria para la seguridad pública.
El operativo se desarrolló sin la colaboración de las autoridades demócratas locales, pese a la oposición del alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, quienes han impulsado políticas de "ciudades santuario" para limitar la cooperación de las fuerzas municipales y estatales con los agentes federales. Mamdani firmó en enero una orden ejecutiva para reforzar dichas protecciones y el Ayuntamiento aprobó legislación que restringe el acceso de ICE a las cárceles municipales, mientras que Hochul respaldó medidas que impiden la colaboración de la policía estatal y bloquean la presencia de agentes federales en hospitales y parques públicos. Esta postura ha generado un fuerte enfrentamiento entre la administración Trump y los líderes de la ciudad sobre el alcance de la jurisdicción migratoria.
Mullin criticó duramente a los funcionarios demócratas por permitir que "delincuentes con antecedentes regresaran a las calles", señalando que las políticas santuario han facilitado que más de 13,000 inmigrantes con condenas penales permanezcan en libertad en Nueva York. Mientras los defensores de los inmigrantes advierten sobre el temor y la criminalización de comunidades enteras, el gobierno federal insiste en que la prioridad es expulsar a quienes representan una amenaza. El caso evidencia la profunda división política en torno a la política migratoria y abre el debate sobre los límites de la cooperación entre el gobierno federal y las ciudades que se consideran refugio para los inmigrantes.
