Este martes, Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al Gobierno dominicano para que ponga fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que afectan a personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y de raza negra, derivadas de sus políticas migratorias, las cuales han sido calificadas como racistas por la organización.
En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a diversas instituciones estatales, Amnistía Internacional, junto con otras seis organizaciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expresó su preocupación por las políticas migratorias discriminatorias que están en curso en el país caribeño.
Según Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el Gobierno dominicano reportó la deportación de más de 250,000 personas haitianas en el año 2023, incluyendo a individuos que podrían estar en necesidad de protección internacional. Estas expulsiones masivas, señala Piquer, constituyen una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y ponen en peligro la vida y los derechos de las personas afectadas.
Además, la suspensión de todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha generado consecuencias devastadoras, afectando a familias enteras que ahora se encuentran separadas y sumiendo a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria.
La exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de políticas migratorias discriminatorias que incluyen detenciones y expulsiones colectivas, incluso de menores y mujeres embarazadas. Ante esta situación, las organizaciones firmantes de la carta exigen a las autoridades dominicanas que garanticen el acceso de las personas haitianas a procedimientos de asilo sin discriminación, así como la reanudación de las vías legales de entrada y permanencia en el país para trabajadores, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes en busca de residencia legal.
Amnistía Internacional también insta a las autoridades a investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas. Asimismo, se pide que se evite la detención y deportación de mujeres embarazadas, menores y personas dominicanas de ascendencia haitiana, y se garantice el derecho a defender los derechos humanos.
La organización ha recibido informes alarmantes sobre actos graves perpetrados por funcionarios estatales dominicanos contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana, que han sido víctimas de prácticas racistas.
En lugar de proteger a estas personas del acoso, la estigmatización y las amenazas, las autoridades dominicanas han promovido discursos y políticas que perpetúan la discriminación en su contra, según lo denunciado por Amnistía Internacional.
En palabras de Ana Piquer, en este momento crucial es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad, origen étnico o estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos. Es hora de que el Gobierno tome medidas concretas para detener estas violaciones de derechos humanos y garantizar la igualdad y la justicia para todos los habitantes de la nación.
