En sus recientes mítines de campaña, el expresidente Donald Trump ha avivado la pasión de sus seguidores con un llamado a la acción: "Demoleremos el Estado Profundo", una declaración que ha resonado fuertemente en el panorama político estadounidense. Este llamado no solo es una promesa de transformar el gobierno federal, sino también de ampliar el poder presidencial y redefinir la relación entre la administración y el servicio civil.
Las declaraciones de Trump, junto con los planes de política delineados por altos funcionarios de su administración anterior, apuntan a un segundo mandato que buscaría consolidar y expandir su agenda a través de órdenes ejecutivas y medidas administrativas.
Uno de los pilares de la visión de Trump es la eliminación de las protecciones del servicio civil que han estado en vigor durante más de 140 años. Trump ha propuesto que todos los empleados del poder ejecutivo puedan ser despedidos a voluntad del presidente, lo que significaría un cambio radical en la estructura y estabilidad de la fuerza laboral federal. Además, ha planteado la posibilidad de trasladar hasta 100,000 puestos fuera de Washington DC, en un esfuerzo por "drenar el pantano" y descentralizar el gobierno federal.
Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían debilitar y politizar la fuerza laboral federal, socavando la experiencia y el conocimiento institucional y abriendo la puerta a la corrupción y el favoritismo político.
Un ejemplo destacado de los esfuerzos anteriores de Trump es su orden ejecutiva de 2020, que buscaba reclasificar a los trabajadores federales como designados políticos, lo que les habría expuesto a ser despedidos a voluntad. Aunque esta orden tuvo poco impacto debido a su emisión en los últimos meses de su mandato y su posterior derogación por el presidente Joe Biden, ilustra la disposición de Trump para utilizar su poder ejecutivo de manera agresiva.
Además de sus planes para reformar el servicio civil, Trump ha expresado su intención de utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos políticos, nombrando un fiscal especial para investigar al presidente Biden y otros demócratas. Estos intentos, si se materializan, podrían erosionar aún más la independencia y la integridad de las instituciones gubernamentales.
La visión de Trump para un segundo mandato también incluye la reestructuración de varias agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, y la eliminación de los Departamentos de Educación y Comercio. Estos cambios, junto con la flexibilización o eliminación de regulaciones ambientales y climáticas, podrían tener un impacto significativo en las políticas públicas y el bienestar de la nación.
A pesar de las críticas y preocupaciones, Trump ha dejado claro que está decidido a avanzar con su agenda si se le concede otro mandato. Sus seguidores lo ven como un líder valiente que está dispuesto a desafiar al establishment político, mientras que sus detractores lo ven como una amenaza para la democracia y el estado de derecho.
A medida que la campaña electoral avanza, la promesa de Trump de "demoler el Estado Profundo" sigue siendo un tema candente de debate y controversia en el escenario político estadounidense. Los ciudadanos deben estar atentos y considerar cuidadosamente las implicaciones de estas propuestas antes de tomar una decisión en las urnas.
