La exigencia de una revisión exhaustiva a los recursos financieros que reciben los partidos políticos ha sido una constante en el país, motivada por la preocupación de diversos sectores sociales ante la posibilidad de que estos millonarios fondos sean utilizados para fines ilícitos, como la corrupción o el narcotráfico, infiltrándose así en la clase política.
Recientemente, se ha planteado la posibilidad de crear una nueva legislación para fiscalizar estos fondos. Sin embargo, varios congresistas han argumentado que tal medida sería innecesaria, ya que sostienen que las normativas actuales, en particular la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, ya proveen un marco regulatorio adecuado para este propósito.
Según estos legisladores, estas leyes contienen disposiciones detalladas sobre el uso de los fondos partidarios y establecen mecanismos para su fiscalización. En este sentido, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, sostiene que una nueva ley sería redundante, ya que las actuales legislaciones contemplan mecanismos para la revisión del dinero.
Sin embargo, algunas voces críticas discrepan de esta postura. El senador de Elías Piña, por ejemplo, señala que a pesar de las disposiciones existentes, hay casos como el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganador de las últimas elecciones, que no ha presentado informes sobre el uso de los recursos estatales recibidos. Esta falta de transparencia evidencia, según él, debilidades en el sistema de fiscalización establecido por las leyes actuales.
Por su parte, el diputado Juan Dionicio Restituyo del partido Frente Amplio, argumenta que la falta de institucionalidad en el país es un factor que contribuye a la opacidad en el manejo de los fondos partidarios. Señala además que existe una paradoja en la cual los partidos políticos solicitan fondos al Gobierno, mientras que, al mismo tiempo, hay candidatos oficialistas compitiendo en las elecciones, lo que genera conflictos de interés y debilita la fiscalización.
Restituyo sostiene que la promulgación de nuevas normativas para fiscalizar los fondos partidarios no resolvería el problema subyacente de la falta de responsabilidad y transparencia. Más bien, argumenta que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes existentes y exigir su aplicación de manera efectiva.
En conclusión, si bien algunos congresistas argumentan que una nueva ley para fiscalizar los fondos partidarios es innecesaria, existen críticas fundamentadas que sugieren que las leyes actuales no son suficientes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de estos recursos. La discusión sobre este tema debe contemplar tanto la eficacia de las normativas existentes como la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de su implementación.
