Los Plazos Legales: Garantía de Transparencia Electoral


En el marco del proceso electoral en curso, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, ha destacado la importancia de respetar los plazos establecidos por la ley en el caso de los candidatos excluidos de la boleta electoral por decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE).


Jáquez Liranzo enfatizó que la institución a su cargo está comprometida con el respeto a las decisiones jurisdiccionales y la garantía de los derechos de los actores políticos. En este sentido, señaló que la JCE aguardará los tiempos establecidos por la ley para que los candidatos afectados puedan solicitar la revisión de sus casos ante el tribunal correspondiente.


"La Junta, si bien es respetuosa de las decisiones jurisdiccionales, debe de esperar los plazos que establece la ley para que las personas afectadas puedan hacer algún tipo de solicitud de revisión ante el tribunal", precisó Jáquez Liranzo.


Esta declaración cobra relevancia luego de que el Tribunal Superior Electoral emitiera una sentencia ordenando la exclusión de la boleta electoral de varios candidatos a diputados por la Fuerza del Pueblo. Entre los excluidos se encuentran Rafael Paz, Selinée Méndez, Margarita Feliciano y Katiuska Alcántara.


La decisión del TSE se basó en una impugnación presentada el primero de abril de 2024 por Robert Martínez contra la resolución 22-2024 de la Junta Central Electoral (JCE). Este episodio subraya la importancia de respetar los procedimientos legales y los derechos de los involucrados en el proceso electoral.


El compromiso de la JCE con la transparencia y la imparcialidad en el desarrollo de las elecciones se ve reafirmado por su disposición a cumplir con las órdenes emitidas por el Tribunal Superior Electoral, una vez que se agoten los plazos legales para posibles solicitudes de revisión.


En un contexto político donde la confianza en las instituciones electorales es fundamental, el respeto a los plazos establecidos por la ley emerge como una garantía de legitimidad y transparencia en el proceso electoral.