Tras el proceso electoral, el Gobierno dominicano se adentra en una etapa crucial: la adopción de propuestas, entre las cuales se destaca la imperiosa necesidad de implementar una reforma fiscal pendiente. En un contexto donde el presupuesto nacional enfrenta un déficit creciente y se requieren mayores ingresos, esta reforma se presenta como un paso crucial hacia la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del país.
Durante la reciente campaña electoral, la reforma fiscal integral emergió como un tema central de debate. El presidente Luis Abinader, consciente de la importancia de esta medida, prometió convocar a un gran acuerdo nacional para su implementación inmediata en caso de ganar las elecciones. Esta postura fue respaldada por el expresidente Leonel Fernández, subrayando la urgencia de actuar conforme a lo establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
La magnitud del desafío fiscal se hace evidente al observar el déficit fiscal del Sector Público No Financiero, que en el presupuesto nacional del 2024 alcanza los 229,247.9 millones de pesos, equivalente al 3.1 % del producto interno bruto (PIB). Esta cifra supera el rango ideal del 1.5 al 2 %, señalando la urgencia de medidas correctivas.
Si bien la idea de una reforma fiscal no es nueva, su implementación se ha visto obstaculizada en el pasado, especialmente durante el convulso año 2021, marcado por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, a medida que la economía dominicana muestra signos de recuperación, con proyecciones de crecimiento del 5 % para el presente año, se abre una ventana de oportunidad para abordar esta cuestión de manera efectiva.
Entre las propuestas que han surgido se encuentran ajustes en el impuesto sobre la renta, incremento en el impuesto a las bebidas azucaradas, y modificaciones en el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Es fundamental destacar que estas medidas buscan no solo incrementar los ingresos del Estado, sino también promover la equidad fiscal y la eficiencia en la recaudación.
En este sentido, es crucial abordar el problema de la evasión fiscal, que representa un serio obstáculo para el desarrollo económico del país. Con una tasa de evasión del impuesto al valor agregado (IVA) cercana al 4.5 % del PIB, la República Dominicana enfrenta uno de los desafíos más urgentes en materia fiscal en la región.
Para combatir este fenómeno, es necesario implementar medidas que fortalezcan la administración tributaria y reduzcan las oportunidades de elusión fiscal. La adopción de la facturación electrónica, por ejemplo, puede jugar un papel clave en este proceso, permitiendo un mayor control de las transacciones comerciales y una detección más efectiva de irregularidades.
En conclusión, la implementación de una reforma fiscal integral se presenta como una necesidad ineludible para garantizar la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Es fundamental que el Gobierno, en colaboración con diversos sectores de la sociedad, trabaje en la elaboración e implementación de medidas efectivas que promuevan la equidad fiscal, impulsen la recaudación de ingresos y fortalezcan las bases para un crecimiento económico sostenible a largo plazo.
