En los últimos años, muchos países han mostrado reticencia a ser anfitriones de los Juegos Olímpicos debido a los altos costos económicos. La organización de este evento requiere inversiones masivas en infraestructura, transporte y seguridad, frecuentemente excediendo las proyecciones iniciales y dejando a los países con deudas significativas. Ejemplos como los Juegos de Atenas 2004 demuestran cómo estos costos pueden contribuir a crisis financieras.
Además del impacto financiero, los países también enfrentan desafíos sociales y ambientales al organizar los Juegos Olímpicos. La construcción de infraestructura a menudo implica el desplazamiento de comunidades y la destrucción de ecosistemas, generando resistencia local y de grupos ecologistas. A esto se suman los riesgos políticos y de seguridad, ya que los Juegos pueden convertirse en blancos de terrorismo y plataformas para protestas sociales.
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha comenzado a implementar reformas, como la Agenda Olímpica 2020, para reducir costos y promover la sostenibilidad, pero su efectividad aún está por verse. La disminución del interés en ser sede de los Juegos Olímpicos refleja la necesidad de encontrar soluciones que mitiguen estos desafíos, asegurando un futuro sostenible y atractivo para este evento global.
