Santo Domingo.– El Ministerio Público ha identificado a varios altos mandos militares y civiles como presuntos integrantes de una red de corrupción que entregaba sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones del Estado. Entre los investigados figuran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles del mismo cuerpo armado Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez. También están involucrados el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. En la ciudad de Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal. La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en conjunto con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y en Santiago. En total, participaron 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional en la acción contra esta presunta red, la cual habría causado perjuicios a entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur. Según informó el Ministerio Público en un comunicado, la investigación se originó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que permitió iniciar el seguimiento que culminó con el arresto de 14 personas hasta el momento. En las próximas horas se espera que el órgano persecutor deposite la solicitud de medidas de coerción contra los implicados, quienes enfrentarían cargos relacionados con corrupción administrativa, soborno y asociación de malhechores. Esta operación forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público para combatir la corrupción en el manejo de fondos públicos y garantizar la transparencia en los procesos de contratación en instituciones gubernamentales.
