El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional (TI), advirtió este lunes sobre el peligro que representa la infiltración de dinero y actores vinculados al narcotráfico en la economía y el sistema político del país.
La organización expresó su preocupación luego de que se conocieran informaciones que vinculan a figuras del empresariado y del entorno político con actividades de lavado de dinero y narcotráfico, algunas de ellas con cercanía al partido oficialista.
En un comunicado, PC calificó como “urgente” el fortalecimiento de los controles internos en los partidos políticos para prevenir la entrada de recursos ilícitos. “Es indispensable que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos refuercen sus mecanismos de afiliación y de financiamiento privado, directo e indirecto, para proteger la integridad del sistema democrático”, señala la entidad.
Responsabilidad del PRM ante los casos recientes
Participación Ciudadana señaló directamente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde 2020, indicando que, aunque la organización se ha desligado oficialmente de los casos, “tiene una cuota de responsabilidad al permitir el acceso a sus filas y el financiamiento directo o indirecto de personas vinculadas a actividades ilícitas”.
El PRM había reiterado recientemente su “posición firme y categórica frente al narcotráfico”, luego de que varios de sus dirigentes fueran implicados en casos de tráfico de drogas y lavado de activos.
Uno de los más recientes involucra al empresario Fabio Augusto Jorge-Puras, quien hasta mayo pasado fue asesor honorífico del Gobierno en materia de zonas francas. La DNCD confirmó que coopera con la DEA de Estados Unidos en la investigación. Jorge-Puras, además, fungía como tesorero del equipo Águilas Cibaeñas, cargo del que solicitó licencia tras la difusión de los señalamientos.
Casos que han sacudido al partido oficialista
El caso de Jorge-Puras se suma al de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, condenada en mayo de 2024 a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, mientras aún se desempeñaba como congresista.
En abril del mismo año, la justicia estadounidense condenó a 16 años de prisión al exdiputado Miguel Gutiérrez, arrestado en Miami por tráfico de drogas. Además, en mayo, el edil Edickson Herrera Silvestre, también del PRM, se entregó a las autoridades de EE. UU. tras ser acusado de integrar una red internacional de narcotráfico.
Participación Ciudadana destacó que muchos de estos casos eran “vox populi” en las comunidades donde operaban los acusados, lo que —según la organización— pone en entredicho la efectividad de los controles partidarios y del propio Estado.
“Estas situaciones generan justificadas preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control institucional”, concluye el comunicado del capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
