El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela despojó ilegalmente a las empresas estadounidenses de sus derechos petroleros y aseguró que su Gobierno busca recuperarlos. Desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, el mandatario reiteró que el crudo venezolano fue “quitado” a Estados Unidos y que las compañías norteamericanas fueron expulsadas del país, declaraciones que marcan una nueva escalada en la confrontación entre ambas naciones.
Las palabras de Trump se producen un día después de anunciar un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense. Esta medida intensifica la presión sobre una economía altamente dependiente del petróleo, y se suma a la reciente incautación de un buque que había salido del país suramericano con crudo venezolano. Desde la Casa Blanca, altos funcionarios han respaldado esta postura, alegando que Estados Unidos fue clave en el desarrollo histórico de la industria petrolera venezolana.
La controversia revive el debate sobre la nacionalización del petróleo en Venezuela, ocurrida en 1976 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando los derechos de exploración y explotación pasaron a manos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Posteriormente, en 2007, el entonces presidente Hugo Chávez obligó a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o abandonar el país. A pesar de las sanciones, la empresa estadounidense Chevron continúa operando en Venezuela gracias a una licencia especial del Departamento del Tesoro.
En medio de la escalada retórica, medios estadounidenses informaron que la Administración Trump ha consultado a petroleras norteamericanas sobre un eventual regreso a Venezuela en un escenario de salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, las compañías habrían respondido con cautela, citando la inestabilidad política y los bajos precios del crudo. En respuesta al bloqueo, el Gobierno venezolano solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, denunciando una violación a su soberanía y calificando las declaraciones de Trump como una agresión directa a la legalidad internacional.
