Las revelaciones surgidas del expediente del Ministerio Público sobre el caso Senasa dibujan un panorama inquietante para la democracia dominicana y colocan al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el centro de un escándalo que va mucho más allá de la corrupción administrativa. Según los testimonios incorporados a la investigación, el esquema de sobornos montado en el Seguro Nacional de Salud no solo sirvió para enriquecer intermediarios y funcionarios, sino que fue utilizado, de manera sistemática, para financiar la campaña electoral del partido gobernante entre 2022 y 2024. De confirmarse judicialmente estos hechos, estaríamos ante una de las acusaciones más graves contra una organización política en el poder desde el año 2020.
Las declaraciones de José Pablo Ortiz Giráldez, amigo cercano del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, describen un mecanismo en el que el dinero ilícito era canalizado directamente para fines electorales. Pagos en efectivo, entregas en fundas negras, reuniones en vehículos, restaurantes y apartamentos alquilados, así como la insistencia —según el testigo— de que “todo era para la campaña”, evidencian un patrón que contradice el discurso ético y de transparencia con el que el PRM llegó al poder. Más grave aún resulta que, de acuerdo con otros implicados, el esquema se mantuvo incluso después de las elecciones de 2024, bajo el argumento de deudas políticas y la necesidad de “mantenerse en el poder”.
El volumen del dinero mencionado en los interrogatorios estremece a la opinión pública. Más de mil millones de pesos entregados en efectivo, cientos de millones canalizados a través de intermediarios y empresas creadas para esos fines, y aportes directos solicitados para campañas específicas, revelan una estructura organizada y sostenida en el tiempo. Mientras tanto, Senasa, una institución clave para la salud de millones de dominicanos, era utilizada —según el expediente— como fuente de financiamiento político. Esto plantea una pregunta ineludible: ¿cómo puede un partido gobernar con autoridad moral cuando se le acusa de usar recursos derivados de sobornos para ganar elecciones?
El PRM, que se presentó como la alternativa al viejo esquema de corrupción, enfrenta ahora el espejo de sus propias promesas. No basta con señalar que se trata de actuaciones individuales o de exfuncionarios; las acusaciones apuntan directamente al financiamiento de su proyecto político. En un país cansado de la impunidad, este caso pone a prueba no solo al Ministerio Público y al sistema judicial, sino también la credibilidad de un partido que prometió “hacer lo que nunca se hizo” y hoy aparece, según los expedientes, caminando por senderos demasiado conocidos.
