Santo Domingo.— La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva e inmediata sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, como el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Para llevar a cabo el proceso, Reynoso dispuso la creación de una fuerza de tarea especial integrada por titulares de distintas áreas especializadas del Ministerio Público, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.
De acuerdo con la disposición oficial, el equipo deberá ampliar las indagatorias a todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan derivado en la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que comprometan la integridad de estas reservas naturales.
El objetivo central es determinar si existen entramados criminales, redes de corrupción, falsificación de documentos o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento ilegal de patrimonio público ambiental. La instrucción fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Procuraduría.
Asimismo, la procuradora ordenó que la fuerza de tarea trabaje de manera conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para elaborar un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La medida busca fortalecer la defensa del patrimonio natural de la República Dominicana y garantizar la protección efectiva de las áreas que forman parte del sistema ecológico nacional.
