En los últimos años, el Estado dominicano ha desperdigado millones de pesos abriendo oficinas en el extranjero, supuestamente para "atender" a la diáspora. Estas oficinas, que duplican funciones de embajadas y consulados, han generado un gasto exorbitante y cuestionable, al margen de lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
El Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Junta Central Electoral (JCE), y otras agencias como Intrant y Proconsumidor, han extendido sus tentáculos a países como Estados Unidos, España y Panamá, inflando la nómina estatal a más de 60 millones de pesos mensuales. Los empleados, sin estatus diplomático, operan bajo visados de turismo y enfrentan trabas legales en los países anfitriones.
Mientras tanto, los dominicanos en el extranjero se preguntan si realmente necesitan estos servicios duplicados y costosos. Con sueldos que alcanzan hasta los 341,340 pesos en Senasa y 219,067 pesos en la JCE, el gobierno sigue gastando millones sin justificación clara, poniendo en riesgo la eficiencia y legalidad de su administración.
