La gestión de Ángel Hernández al frente del Ministerio de Educación sigue generando fuertes cuestionamientos. A pesar de proclamarse como un ministro que trajo disciplina y orden a las aulas, las cifras y las denuncias públicas dibujan un panorama muy distinto, en el que la justicia y la educación parecen chocar más de lo que se complementan.
Uno de los principales puntos de crítica recae en los bajos resultados de aprendizaje de los estudiantes dominicanos. A pesar de los discursos oficiales, las evaluaciones nacionales reflejan un sistema estancado: menos del 20 % de los alumnos de primaria alcanzan niveles satisfactorios en Lengua Española y Matemáticas. Mientras tanto, los conflictos con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se intensificaron, llegando incluso a los tribunales, en lugar de resolverse con el diálogo que exige un sector tan sensible como el educativo.
A estos señalamientos se suman denuncias de contratos irregulares, como el suscrito con la OEI para la producción de libros de texto, rescindido tras descubrirse errores y cuestionamientos por falta de transparencia. Asimismo, organizaciones civiles han advertido que Hernández omitió propiedades en su declaración jurada, lo que coloca a la justicia como un actor pendiente en su historial. Sin embargo, la realidad es que el sistema judicial ha mostrado un trato suave, dejando pasar por alto casos de presunta corrupción vinculados a funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que alimenta la percepción de impunidad selectiva.
En definitiva, el paso de Ángel Hernández por el Ministerio de Educación dejó más dudas que certezas. Su estilo confrontacional, las acusaciones de opacidad y los pobres resultados académicos convierten su legado en un tema abierto para el escrutinio social y judicial. La educación dominicana, en vez de fortalecerse, parece haber quedado atrapada en disputas personales y políticas, mientras miles de estudiantes siguen esperando una verdadera transformación.
