Mientras el país lidia con apagones, deficiencias en salud y un alto costo de la vida, el Congreso Nacional aprobó durante el año 2025 un paquete de nueve préstamos solicitados por el presidente Luis Abinader, que superan los 1,433 millones de dólares, incrementando de forma significativa el endeudamiento del Estado dominicano.
Las millonarias operaciones financieras fueron aprobadas sin el respaldo de la oposición, pero sí con la fuerza aplastante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, quienes hicieron valer su mayoría absoluta para dar luz verde a cada uno de los convenios sin obstáculos ni mayores cuestionamientos públicos.
De acuerdo con datos publicados por Diario Libre, varios de estos préstamos ya habían sido aprobados a toda prisa en la Cámara de Diputados a finales de 2024 y recibieron su sanción definitiva en el Senado en enero de 2025, consolidando así una cadena de endeudamiento que compromete recursos del presente y del futuro.
Entre los financiamientos figura un préstamo de 45 millones de dólares con la agencia japonesa JICA, destinado al manejo de residuos sólidos y la rehabilitación del vertedero de Duquesa, un foco histórico de contaminación que por años ha absorbido recursos sin soluciones definitivas. Ese mismo día, el Senado aprobó otro convenio aún más impactante: 400 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), bajo el argumento de apoyar políticas de “desarrollo sostenible” y proteger el capital natural del país.
APAGONES, SALUD Y MÁS DEUDA
En mayo, el Congreso volvió a abrir la chequera al aprobar un préstamo de 75 millones de dólares con la CAF para supuestamente mejorar las redes de distribución eléctrica. Los fondos serían ejecutados por Edesur, Edeeste y Edenorte, empresas históricamente cuestionadas, con la promesa de reducir los apagones que aún castigan a miles de hogares.
Ese mismo mes, los legisladores aprobaron otro endeudamiento, esta vez con el BID por hasta 50 millones de dólares, destinado al fortalecimiento del sistema de salud para enfrentar enfermedades crónicas como la diabetes y los males cardiovasculares, en un país donde hospitales y pacientes continúan denunciando carencias básicas.
En julio, la lista siguió creciendo con un préstamo del BID por 380 millones de dólares para la segunda fase del Programa de Saneamiento Universal en ciudades costeras y turísticas como La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey, además de reforzar la gestión del sector agua, una promesa recurrente de distintos gobiernos.
MÁS PRÉSTAMOS, MÁS COMPROMISOS
Ese mismo mes, el Congreso aprobó otro contrato con la CAF por 35 millones de dólares para la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, una obra que el Gobierno promete entregar entre finales de 2025 e inicios de 2026 y que estaría a cargo de la CAASD, con el objetivo de beneficiar a unas 850 mil personas en Santo Domingo Este y Norte.
En materia vial, se autorizó además un financiamiento del BID por hasta 200 millones de dólares para la rehabilitación y construcción de puentes, bajo el argumento de hacerlos más “resilientes” frente al cambio climático y los desastres naturales.
Ya en diciembre, y casi sin debate, los congresistas aprovecharon su última semana legislativa para aprobar otro préstamo de 178.3 millones de dólares con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), destinado a ampliar la capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, proyecto que ejecutará la OPRET.
Para cerrar el año, se sumó un nuevo compromiso financiero con JICA, esta vez por 10,930 millones de yenes, equivalentes a casi 70 millones de dólares, orientados al financiamiento agrícola y al fortalecimiento de la cadena de valor alimentaria.
Con cada aprobación, la deuda pública sigue creciendo, mientras sectores críticos se preguntan quién terminará pagando esta factura multimillonaria y si los beneficios prometidos llegarán realmente a la población o quedarán, una vez más, atrapados entre burocracia, promesas y compromisos financieros a largo plazo.
