Santiago de los Caballeros.– Luego de acoger la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un juez de instrucción condenó a penas de 6, 5 y 3 años de prisión a ocho personas implicadas en la Operación Colibrí, mediante la cual fue desmantelada una red dedicada a la falsificación masiva de documentos públicos y privados.
Fueron condenados a seis años de prisión Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas; mientras que Yanuel Morales Rodríguez (Google) recibió una pena de cinco años y José Carlos Montero fue sentenciado a tres años de prisión. Los imputados aceptaron su culpabilidad durante el proceso abreviado, llevado a cabo por las fiscales Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.
En cuanto a Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó su envío a juicio.
La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la JCE, con el apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil de ese organismo, además de la Consultoría Jurídica de la JCE y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional como querellantes.
Los condenados admitieron su participación en la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, así como licencias de conducir y permisos para porte de armas, documentos que eran vendidos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
El juez Job García Hurtado homologó el acuerdo y dispuso la suspensión parcial de las penas, tomando en cuenta el tiempo que los imputados permanecieron en prisión preventiva. Entre las condiciones impuestas figura residir en el domicilio declarado y notificar cualquier cambio de residencia al juez de Ejecución de la Pena.
