El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, ha cuestionado de manera directa la transparencia del Gobierno en el manejo de los recursos públicos destinados a la política social, especialmente en lo relativo a la distribución de los bonos navideños.
Montás denuncia como una “práctica reiterada” el hecho de que Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, haya asumido personalmente la entrega de alrededor de 1,500 millones de pesos en bonos dirigidos a familias de escasos recursos. A su juicio, esta modalidad de distribución despierta serias dudas sobre la correcta administración de fondos que pertenecen al Estado.
El dirigente político se pregunta si puede considerarse transparente que un funcionario distribuya de manera directa y discrecional beneficios financiados con recursos públicos. También plantea una inquietud clave: ¿qué mecanismos existen para garantizar que la totalidad de esos fondos llegue efectivamente a los beneficiarios finales? Para Montás, estas interrogantes no parten de la sospecha personal, sino de la ausencia de controles verificables.
Estas reflexiones forman parte de su artículo titulado “Política social, discrecionalidad y transparencia”, publicado recientemente en la prensa nacional. En el texto, el economista recuerda que durante los últimos 20 años la República Dominicana ha avanzado hacia sistemas más institucionalizados de asistencia social, como el padrón único del Siuben, los pagos electrónicos gestionados por la ADESS y los procesos de auditoría de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas. Todos estos mecanismos, señala, fueron creados para reducir la discrecionalidad y fortalecer la rendición de cuentas.
Desde esa perspectiva, Montás considera que la entrega personal de bonos por parte de un funcionario representa un retroceso institucional, ya que diluye los controles básicos y confunde la política social del Estado con la promoción individual o el capital político. Advierte que cuando un alto cargo aparece repartiendo ayudas directamente, se desdibuja la línea entre la asistencia pública y el proselitismo.
Además del componente ético, el exministro subraya el problema operativo que conlleva este tipo de práctica: la imposibilidad de verificar con precisión cuántos bonos fueron entregados, bajo qué criterios se seleccionaron los beneficiarios y si la totalidad de los recursos fue distribuida. Para Montás, todo proceso que no puede ser auditado de manera clara y objetiva está condenado a generar dudas razonables y a debilitar la confianza ciudadana en el manejo del dinero público.
En conclusión, sostiene que la personalización de la política social convierte un programa institucional en una relación directa entre quien entrega y quien recibe, lo que compromete la transparencia, la equidad y la credibilidad del Estado.
